Colombia / Redacción:
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía que investigue a su hijo mayor, Nicolás Petro, y a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, tras los rumores que han surgido sobre que estarían cobrando sobornos a criminales para que puedan beneficiarse del plan de paz del Gobierno.
El mandatario recalcó que con base en el compromiso que hizo cuando fue elegido Presidente y a la lealtad que debe a quienes le votaron, ante los rumores acerca de las acusaciones sobre hijo y hermano, ha pedido al Fiscal, Francisco Barbosa, que les investigue y establezca las responsabilidades si corresponde.
«El único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda», aseguró Petro a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
«Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia», manifestó.
Añadió que confía en que su hermano y su hijo mayor «puedan demostrar su inocencia», pero remarcando al mismo tiempo que respetará «las conclusiones a las que llegue la justicia».
Cabe destacar que en los últimos días, el comisionado Rueda puso en conocimiento del Fiscal Barbosa la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta 1 millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar para que puedan ser incluidos en el plan de paz del Gobierno de Colombia.
«Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición», señaló Rueda.
Dicho grupo de abogados estaría utilizando las visitas que Juan Fernando Petro y la Senadora, Piedad Córdoba, realizaron a varias cárceles para entrevistarse con algunos de sus reos durante la pasada campaña electoral, y hacerles creer que podrían ser beneficiados con la política de ‘Paz Total’ del Gobierno.
